Ante la reconfiguración de las políticas del Estado Nacional y las señales brindadas en torno a la política comunicacional por parte del Poder Ejecutivo Nacional, desde la Cooperativa de Trabajo Al Toque Ltda. (Matrícula INAES Nº 38085) nos vemos en la obligación de referirnos sobre la temática, en carácter de Colectivo de Trabajadores de la Comunicación Autogestionados.
En primer lugar, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Nº26.522), aprobada en 2009 y en vigencia, es el fruto de la legitimación otorgada por un debate previo a su sanción que modificó en aspectos sustanciales el texto final de la norma, logrando en su contenido una ley en pos de la democratización de la comunicación audiovisual. Al trazar un recorrido temporal más largo, interpretamos que la ley se apoya en la declaración de los 21 Puntos para una Radiodifusión Democrática, realizado por un amplio tejido de organizaciones y actores sociales, lo que resultó -con las mencionadas audiencias previas a la sanción- una norma que expresa, en definitiva, lo que el amplio colectivo del campo popular entiende lo que debe ser la comunicación audiovisual.
El activo funcionamiento de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, su tendencia a las descentralización geográfica, los fomentos a la producción de contenidos, el avance en el otorgamiento a licencias a sectores estatales y sin fines de lucro y las políticas de capacitaciones en diversos aspectos, resulta de vital importancia y, a la vez, amenazada por una eventual desjerarquización por la naturaleza en la creación por Decreto de Necesidad de Urgencia del Ministerio de Comunicaciones y por la manifestaciones de funcionarios de la nueva administración nacional.
Las expresiones del ministro de Comunicaciones, Sr. Oscar Aguad (1) realizadas a la cadena radial privada más grande del país, auguran al menos una no implementación de la ley. Asimismo, el ministro define a la comunicación como una mercancía y no como un derecho humano: "Los medios van a competir libremente en el mercado y trataremos de ayudarle a los más pequeños", en sintonía con los intereses del mediador a cargo de su designación: el ex secretario de Comunicación durante los '90, Germán Kammerath, actual lobista de las multinacionales de las telecomunicaciones (2).
La necesidad y urgencia de una comunicación popular nos llama a exigir la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y mantener la disputa y reinstalar el debate en torno a otros aspectos democratizadores de la comunicación, como el proyecto de Ley de Revistas Culturales, tendiente al impulso y desconcentración del mercado editorial, que a dos años de su presentación en el Congreso no se trató; o el debate pendiente sobre la Pauta Publicitaria Oficial en los estamentos municipales, provinciales y nacional, sobre el principio del Estado -con el mencionado mecanismo- como garante del derecho a la comunicación. La disputa sobre la pauta oficial es la disputa por la posición del Estado ante la comunicación: si se traslada a grupos comunicacionales, ante su baja, ponen en riesgo inmediato la fuente laboral de los trabajadores de prensa del medio. Una postal exige la puesta en marcha de mecanismos claros sobre la distribución de la Pauta Oficial: en nuestra provincia, la segunda porción más grande de torta publicitaria nacional de los últimos seis años quedó en manos de un grupo local ligado societalmente a uno de los impulsores de la alianza Cambiemos (3).
La lucha por la democratización de la comunicación hoy nos enfrenta a la defensa irrenunciable de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sin la ley no hay derecho a la comunicación. Exigimos la ratificación y plena vigencia de la LSCA, Nº26.522.

Notas
(1) http://www.cadena3.com/contenido/2015/12/13/Aguad-La-Ley-de-Medios-no-subsistira-en-nuestro-Gobierno-155677.asp
(2) www.lapoliticaonline.com/nota/94232
(3) http://seniales.blogspot.com.ar/2014/03/quienes-son-los-mayores-beneficiarios.html