Lo que acaba de ocurrir en la Argentina es algo para festejar y soñar. Al fin, una de las grandes deudas de la democracia ha sido saldada. Lo que parecía impensado apenas meses atrás, es hoy realidad. Con 146 votos a favor en Diputados -donde la oposición se retiró- y 44 a 24 en el Senado, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tuvo un parto tan sano como legítimo en el Congreso Nacional.

El debate tuvo la extensión, profundidad y dignidad que no tuvo la histérica “cobertura periodística” del tramo final de este nacimiento, cuya génesis se remonta en realidad a hace 26 años, cuando apenas recuperada la democracia los trabajadores de prensa sobrevivientes de la dictadura, las organizaciones sociales, de derechos humanos y sindicales, algunas universidades y algunos -pocos- legisladores comenzaron a recorrer sus propios caminos de militancia y construcción, que convergieron en la coalición que 2004 presentó al Poder Ejecutivo los 21 puntos por una radiodifusión democrática.

Un Poder Ejecutivo encabezado entonces por Néstor Kirchner, quien al año siguiente defraudaría las expectativas al obsequiarles a los multimedios prohijados por Carlos Menem el decreto 527, que suspendía por diez años el plazo de vencimiento de las licencias.

Desde aquel baño de agua helada, pocos creían que Cristina Fernández pudiera levantar ese “aplazo” y tener el coraje político no sólo de arremeter contra la ley de la dictadura -hasta entonces inmune a la democracia- sino de reemplazarla por una verdadera norma para la democracia, que hace propios los 21 puntos elaborados por la coalición democrática.

Mucho menos después de los golpes y derrotas sufridos por su Gobierno desde el inicio del -aún vigente- conflicto del “campo” disparado por la resolución 125, que tuvo el instantáneo efecto de aglutinar al antiguo poder latifundista devenido en agroempresariado sojero, a lo peor de la oposición política y a los medios de comunicación más concentrados, entente que se apropió –material y simbólicamente- del hasta entonces demonizado “piquete”, ahora protagonizado por la “gente bien”.

Así llegarían el voto “no positivo” de Julio Cleto Cobos, la caída abrupta en imagen e intención de voto, el drenaje de funcionarios “irritantes” y la derrota electoral del 28 de junio. En todo ese proceso, los grandes medios asumieron una desembozada actitud de militancia manipuladora, que apeló ya no sólo a la desmemoria histórica de la sociedad argentina, sino a una amnesia de corto plazo similar a la del protagonista del filme Memento.

Veamos algunos ejemplos: Cuando el Gobierno lanzó en marzo del 2008 las retenciones móviles a la soja, los medios cuestionaban que “gobiernan por decreto”. Cuando la 125 fue enviada a Poder Legislativo, propalaron hasta el hartazgo la definición de Alfredo De Angeli: “El Congreso es la escribanía de la Casa Rosada”; y también el rumor de que “van a apretar a los Gobernadores”. Cuando Cleto volteó la 125, predecían: “Lo van a obligar a renunciar”. Cuando Kirchner se candidateó como diputado por Buenos Aires, iba a ganar con “la billetera, el aparato y las mafias” (Disgresión: Si un ex presidente de la Nación, esposo de la actual Presidenta, titular del Partido Justicialista, cabeza de lista cuyo segundo es el Gobernador de Buenos Aires, además maneja todo eso, es muy curioso que haya sido derrotado). Cuando Kirchner perdió, Cristina tenía “los días contados”...  Obviamente, jamás hubo una ínfima referencia autocrítica a las predicciones mediáticas fallidas. Se entiende, estaban cebados.

Durante ese derrotero, el Gobierno parecía malherido, pero de vez en cuando daba signos vitales y generaba reacciones desmesuradas. Así veíamos por TV que, frente a la eliminación de la jubilación privada, un perplejo Mariano Grondona se lamentaba de que “nos agarraron con la guardia baja”. Así también, ante la ruptura de la AFA con TyC para televisar el fútbol por el Canal 7 estatal, una desolada Elisa Carrió lamentaba que los Kirchner habían “recuperado la capacidad de daño”. Y todo esto aderezado con acusaciones de montonerismo, chavismo y otras infecciones ideológicas, cuya síntesis es el oxímoron “fascismo de izquierda”. Claro, estaban cebados. Y por eso ahora les tocó perder.

Por estos días en que la ley 26.522 manda por fin al basurero de la historia a la vergonzosa 22.285, muchos otros echan espuma por la boca. Además del lamento de los oligopolios mediáticos y sus padrinos de las reaccionarias Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Asociación  de Empresas Periodísticas Argentinas (Adepa), es surrealista ver a Oscar Aguad, conspicuo protector de represores policiales, levantar la bandera de la “libertad de expresión”; o a Arturo Miguel Heredia, vocero legislativo de la radio del establishment cordobés, preocuparse porque la ley “perjudica a los pobres”; o al senador Adolfo Rodríguez Saa, quien mantiene bajo dominio -si no propiedad directa- a los medios de San Luis, oponerse a la ley porque “es autoritaria, controla, no deja hacer”.

Pero lo más insólito fue escuchar a Eduardo Duhalde denunciar que hay un “Estado policíaco”. Lo dice quien era presidente cuando la policía asesinó en la estación Avellaneda a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Clarín publicó entonces uno de los titulares más canallas de su historia: “La crisis causó otras dos muertes”. Con absoluta deshonestidad periodística, se intentaba agrupar estos dos crímenes con los más de treinta argentinos muertos durante la revuelta popular del 19 y 20 de diciembre, que precipitó la retirada de Fernando de la Rúa. Así diluida, Duhalde no tenía nada que ver con la salvaje represión a la protesta del MTD Aníbal Verón en Avellaneda.

Favores como ese pagó Duhalde cuando durante su gobierno se sancionó la ley de Bienes Culturales -llamada “ley Clarín” por proteger al grupo mientras la crisis empobrecía al pueblo y empujaba a la quiebra a numerosas empresas-. Aquella alianza estratégica también explica la actual sobreactuación del matrimonio Duhalde, esa enjundia en defensa de los intereses del grupo que “está nervioso”.

Contra todo esto se logró defender y sacar adelante esta ley, que es un pequeño gran triunfo. Pequeño, porque todavía están pendientes muchas y graves urgencias: la distribución de la riqueza, la protección de los recursos naturales y el medio ambiente, la libertad sindical, la genuina integración con Latinoamérica, entre otras. Y grande, por lo poderosos que son los enemigos.  

Por eso, por este triunfo, los múltiples actores sociales han (hemos) militado en esta lucha -a quienes se pretendió deshumanizar con el rótulo de "militantes K"- tenemos el derecho a celebrar; y por esas materias pendientes, el deber de seguir en la calle. Para defender esta ley, para que su aplicación traduzca en realidad el sueño de una comunicación humanista y democrática. Y por todo lo demás. 

Alexis Oliva – Periodista – Docente

Publicado en Prensared